La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), representantes de las organizaciones indígenas de la nacionalidad Sápara, de los Pueblos Kichwa de Sarayaku y Kichwa de Pastaza, mediante una rueda de prensa realizada en la sede de la CONAIE, ubicada al norte de la capital, este 6 de noviembre, pidieron al Ejecutivo, se extienda la resolución de Fuerza Mayor, solicitada por la empresa petrolera Andes Petroleum Ecuador, mediante la cual suspenden sus actividades de exploración en el bloque 79 y piden se amplíe al bloque 83, ya que pertenecería a las mismas comunidades.
En este contexto, el pasado 10 de octubre de 2019, el Ministerio de Recurso Naturales No Renovablesemitió una declaratoria de Fuerza Mayor; es decir, un documento oficial en el que el Gobierno reconoce que ha existido rechazo de las nacionalidades indígenas a los proceso de licitación para afectación en estos sectores; por lo que acoge el pedido de la empresa Andes Petroleum de declarar la Fuerza Mayor por no tener las condiciones para explorar y explotar petróleo en el Bloque 79, pero no se menciona sobre el bloque 83.
Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la CONFEINAIE, recordó que desde el 2012 el gobierno de ese entonces inició proceso de licitación de bloques petroleros en 3 millones de hectáreas de la Amazonia centro-sur, que entró en vigencia en ese año y en el 2013 y 2014 se produjo una fuerte conflictividad en las provincias de Pastaza y Morona Santiago, aún así el Gobierno concesionó una gran cantidad de bloques en el territorio amazónico.
Además, expresó que desde el 2011 ya hubo una firme reacción de todas las organizaciones asentadas en el centro-sur de la Amazonia, rechazando las licitaciones que se pretendían ejecutar, por ello, a través de asambleas, se emitieron pronunciamientos señalando el rechazo a los procesos de explotación petrolera. Esto hizo que los procesos no avancen; sin embargo en el 2016 se firmaron convenios y contratos con Andes Petroleum para la exploración de los bloques 79 y 83, situación que ha recibido un gran rechazo de las nacionalidades Sapara y kichwa que son directamente afectadas.
Lenin Montaguano, dirigente de la nacionalidad Sápara, recordó que en el año 1970 eran más de 20.000 habitantes y que en la actualidad quedan aproximadamente 500 personas que continúan resistiendo, por ello, dijo, «no permitirán la explotación petrolera en sus territorios» y exhortó al Gobierno «que se suspenda la explotación petrolera en la Amazonia». Resaltó que «permanecerán vigilantes para no permitir actividades extractivas.»
Mirian Cisneros, presidenta del pueblo Sayaraku, manifestó su preocupación por las empresas petroleras que han realizado actividades de exploración y explotación, argumentando que producto de ello han causado graves daños en los territorios. Además, expresó que las nuevas licitaciones petroleras no deben darse, porque los pueblos están desapareciendo, los ríos están siendo contaminados y otras afectaciones.
Marlon Vargas, presidente de la CONFENIAE, agradeció las decisiones del Gobierno al desistir de actividades petroleras en el bloque 79, ya que se ha reconocido las afectaciones que se causaría en este sector. También advirtió que no permitirán que se realicen actividades petroleras, mineras y de hidroeléctricas, por lo que el Gobierno deberá buscar otras alternativas económicas para solventar la demanda del país.
Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, rechazó las declaraciones del Ministro del Ambiente que desconoce la realidad amazónica, al pretender realizar una asamblea con las comunidades Tagaeri y Taromenane; por lo que responsabilizó al Gobierno, lo que podría pasar.
