Xavier Zapata, uno de los voceros del grupo de afectados, dijo que debieron buscar llegar a las máximas instancias del Ministerio de Educación para ser escuchados. De allí, la decisión de la Viceministra en enviar una comisión desde Quito para analizar las denuncias y todo lo sucedido que finalmente provocó el perjuicio para cientos de estudiantes. Los afectados pidieron la destitución de los presuntos involucrados.
Cerca de 300 jóvenes que egresaron aún no pueden obtener sus títulos de bachilleres, ahora están en un proceso de evaluación. Aunque la situación más crítica es para unos 800 estudiantes que estaban otros cursos, debido a la falta de documentación que les certifique sus registros académicos.
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