Este jueves, el auditórium del GAD Municipal de Fco. de Orellana fue copado por dirigentes barriales y representantes de sectores sociales del cantón con la finalidad de escuchar el contenido de la sentencia emitida por la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Orellana.
En lo principal el dictamen obliga a la empresa OCP al pago total de una indemnización estimada en 38’311.490 dólares. De este rubro, 10 millones deberán ser depositados al Ministerio del Ambiente para tareas de remediación, rehabilitación y restauración total de los recursos bosque, agua y suelo de zonas que aún estarían afectadas.
Conocido el tema, varios dirigentes barriales, entre ellos: Margarita Castillo, presidenta de la Federación de Barrios, coincidieron en precisar que la suma establecida no respondía a la realidad y sugirieron la posibilidad de apelar lo resuelto por el juez que conoció la causa. “Nos parece una burla que se haya dado este valor de indemnización minúsculo que es un 3.67% de los 300 millones que fue el valor de la cuantía que planteamos”, dijo la alcaldesa Anita Rivas a tiempo de adelantar que apelarán el fallo. NOTICIERO LATITUD CERO
