En el despacho, situado en el edificio de la Notaría, los abogados Andrés Acaro y Felipe Villota asumían la defensa gratuita de los imputados.
“Hasta el día de hoy la Fiscalía General de la Nación no nos ha proveído las copias simples del proceso para poder sostener la defensa. Creemos que hay una exageración del Estado, abuso de poder para evacuar pruebas que finalmente incidieron en la vinculación a los waoranis y el procesamiento que terminó con seis waoranis presos y nueve con boleta de captura”, indicó Acaro.
“Hay que tener claro las cosas, en las conversaciones con los waoranis no se trata, como se nos quiere vender el termino venganza, el acto no es una retaliación sino un castigo frente a la gravedad de la infracción supuestamente cometida por los taromenanes (muerte de Ompore y Buganey). Lo que ocurrió es un castigo y no una venganza”, recalcó el abogado.
“Si el caso estaba en una indagación, proceso de recolección de indicios, es sorprendente que a los indígenas hayan sido allanados sus domicilios, privados su libertad cuando en indagación previa no puede haber orden de allanamiento sino habían cometido un delito flagrante. Es decir, quienes intervinieron cometieron abuso de poder”, “Considero yo, han existido violaciones al debido proceso, vamos a demostrar al Fiscal y al juez que conoce la causa a los jueces que lo van a conocer en lo posterior las violaciones al debido proceso”, agregó el Dr. Felipe Villota, quien no descartó acudir a organismos internacionales.
DATOS:
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5 de marzo, los ancianos waoranis Ompore y Buganey son lanceados en Yarentaro. Los familiares responsabilizan a los taromenanes.
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29 de marzo, trasciende la noticia de un posible ataque de waoranis y muerte de varios taromenanes. Hay dos niñas taromenanes sustraídas por esa acción.
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27 noviembre, Juez Segundo de Garantías Penales de Orellana dicta prisión preventiva contra seis waoranis y ordena la detención de otros nueve. NOTICIERO LATITUD CERO
