El Dr. Andrés Acaro, defensor de los waoranis detenidos por el presunto delito de genocidio, calificó de “criterio ambiguo” a la decisión del Juez de Garantías Penales, Álvaro Guerrero, autoridad que negó el pedido de sustitución de la prisión preventiva. En quince días concluiría la instrucción fiscal, donde se debatirá sobre el dictamen fiscal mismo sería acusatorio y habrá que desvanecer los elementos de convicción por los cuales la fiscalía arriba a la existencia jurídica del presunto delito de genocidio, dijo.
Por otra parte, argumentó que en el pedido de sustitución de la medidas cautelares solicitadas, los procesados justificaron el pedido con el respaldo de las dirigencias de las comunidades waoranis Dikaro y Yarentaro -donde vivían antes de ser detenidos- donde comprometieron garantizar la presencia de los detenidos en el proceso.
No obstante, el fiscal Andrés Cuasapaz argumentó, durante la audiencia, que la existencia de la instrucción fiscal no significa que ya hay una acusación. Insistió en que no se ha violentado el debido proceso porque ha existido la participación de la Defensoría Pública.
En la audiencia fiscalía y defensa llevaron antropólogos para sustentar sus ponencias. En el salón del juzgado fue notoria la presencia de dirigentes como Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, Moi Enomenga presidente la NAWE, entre otros. En tanto, en los exteriores miembros de las comunidades de Dikaro y Yarentaro esperaron el desenlace de la audiencia. NOTICIERO LATITUD CERO
