Bancada de asambleístas de la Revolución Ciudadana aseguran que dentro del informe jurídico elaborado por el diputado de Chile, Hugo Gutiérrez, en el caso del ex vicepresidente del Ecuador Jorge Glas, existirían varias inconsistencias.
Es así que Soledad Buendía, en una rueda de prensa, realizada este 21 de mayo del 2018, en el Palacio Legislativo, hizo la entrega a Alfredo Vera, coordinador de la veeduría del caso Jorge Glas, del informe que ha sido realizado por los diputados chilenos: Hugo Gutiérrez y Guillermo Teller, en donde se habría realizado un análisis técnico y constitucional que determinaría la violación a los tratados internacionales en función de las violaciones sistemáticas al debido proceso y la norma legal vigente en el Ecuador, en el caso del ex vicepresidente Jorge Glas.
De esta manera, hizo un llamado a la ciudadanía a acompañar al juicio de apelación del proceso del ex vicepresidente, que se tiene previsto realizarse el 23 de mayo, en la Corte Nacional de Justicia; además instó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-t) reciba a los veedores y el mencionado informe, a fin de que se analice las actuaciones de los legisladores, enmarcados en la Constitución, sobre la autorización de enjuiciamiento al ex Vicepresidente Jorge Glas.
Así también prevén enviar al Consejo de la Judicatura el informe para que se revise la legitimidad y legalidad de la prisión preventiva en contra de Glas; exhortando a que se respete el debido proceso al ex vicepresidente, pues consideran que no debe estar preso y que se está violando esta normativa. Así mismo, expresó que la bancada se encuentra analizando sobre el procedimiento del juez en el pedido de levantamiento de fuero de Glas y, de ser el caso, iniciarán los procedimientos legales pertinentes.
Alfredo Vera, Coordinador de la Veeduría a favor de Jorge Glas, indicó que no se le puede imputar al ex vicepresidente el abandono a su cargo, debido a que fue detenido y eso impidió que asista a asumir su cargo, constituyéndose en una ilegalidad, ya que «no se trata de un preso político, sino de un político preso», por lo que aseguró que la veeduría supervisará el buen uso de la ley y no permitirá que se dé una inconstitucionalidad, al haberse resuelto medidas en contra del ex vicepresidente, aplicando un Código Orgánico Integral Penal (Coip), caduco. CG
