Los exteriores de la Asamblea Nacional fue el escenario para que la Bancada de la Revolución Ciudadana emitiera un pronunciamiento sobre el pedido realizado por Fiscal General del Estado Paúl Pérez, quien solicitara la audiencia de vinculación a instrucción fiscal al expresidente Rafael Correa, dentro del supuesto secuestro del activista político Fernando Balda, hecho ocurrido en el año 2012, en Bogotá, Colombia.
Este 12 de junio de 2018, la Asambleísta Marcela Aguinaga (ex AP), en representación de la Bancada de la Revolución Ciudadana rechazó la actitud del Fiscal General; argumentando que existiría una «persecución política» al pretender vincular al exmandatario dentro del caso Balda.
Así también se refirió al pedido realizado por la Jueza Nacional, Daniela Camacho, encargada de solicitar la autorización a la Asamblea Nacional, para proceder con el trámite en torno al supuesto delito investigado y exigió a la presidente de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, se ponga dicho pedido en conocimiento del Pleno del Legislativo, argumentando que el ex mandatario, por la función que cumplió, goza de Fuero de Corte.
Además varios asambleístas emitieron sus posiciones en torno al proceso judicial, donde se investiga el supuesto secuestro del ex asambleísta.
Para Luis Fernando Torres asambleísta por (PSC), manifestó que la competencia de la Asamblea Nacional es pronunciarse en forma inmediata ante la Jueza de la Corte Nacional de Justicia ya que haría falta su autorización para el enjuiciamiento penal en el tema del ex presidente Correa, porque ya no está en funciones.
Según Torres de llegar a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional se podría correr el riesgo de que no se obtenga los votos necesarios para autorizar el enjuiciamiento penal, porque muchos de los que están en las líneas “Morenistas” podrían apartarse en el momento de la votación y aliarse a sus antiguos coidearios y no se de paso el enjuiciamiento penal.
Por su parte Elíseo Azuero explicó que la Asamblea es competente para emitir autorización exclusivamente si el pedido fuera para vincular en un proceso penal al presidente y vicepresidente de la República, como lo establece la Constitución y enfatizó que la jueza debe proceder como se procede en el caso de un ciudadano común.
Fabricio Villamar, coincide que la autorización de la Asamblea Nacional para procesar penalmente, es exclusivamente para el presidente y vicepresidente de la República.
Manifiesta que la decisión de la presidenta de la Asamblea de emitir un pronunciamiento, mediante boletín, fue apresurado; ya que la máxima autoridad de la Asamblea, es el pleno, explicó.
Aclaró que incluso sin está autorización o conocimiento del pleno, la jueza está facultada para establecer fecha y hora para la audiencia de vinculación, ya que el pedido tendría un carácter más formal que procesal. (CG)
