Paulina Aguirre, Presidenta de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dio a conocer la posición de las juezas y jueces, conjuezas y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, de las Cortes Provinciales, Tribunales Distritales y Penales, y de Primera Instancia, en torno a las declaraciones de Marcelo Merlo, Presidente del Consejo de la Judicatura transitorio, sobre las evaluaciones encaminadas a los jueces.
Es así que la mañana de este lunes 17 de septiembre, la titular de la Corte Nacional de Justicia en las instalaciones de este organismo, exigió respeto a los derechos constitucionales que también protegen las juezas y jueces en el ejercicio de sus funciones.
Aseguró que «están sometidos a la Constitución, instrumentos internacionales de Derechos Humanos y la Ley», así como también «obligados a rendir cuentas de los actos; a la justicia y la sociedad, en un proceso con reglas preestablecidas, cumpliendo parámetros técnicos y apegados a la realidad jurisdiccional.
Por lo que esperan que no se pretenda someter al juzgamiento de comisiones las resoluciones del más alto órgano de administración de justicia del país, poniendo en duda su legitimidad y ejecución, y en riesgo la seguridad jurídica» puntualizó.
De la misma manera recordó que la evaluación anunciada por el Consejo de la Judicatura carece de parámetros aprobados, cuyo objetivo sería «mejorar el servicio judicial, determinar si los jueces han despachado las causas asignadas y si se han desempeñado con ética». Además rechazó que no puede anticiparse criterios o generalizar al decir que saldrán varios jueces, muchos, pocos o ninguno. Enfatizó «Que se revisen las sentencias que hemos sorteado, estamos dispuestos a hacerlo, ahí están nuestras cuentas privadas, personales y se investigue lo que se quiera investigar».
Hizo un llamado al órgano Administrativo de la Función Judicial a ejercer sus competencias en el marco de la Constitución y la Ley, respetando el sistema de justicia, los derechos de los jueces, así como el de los ciudadanos, otorgados en las resoluciones emitidas por los órganos de Administración de Justicia del país que gozan de legitimidad. (CG)
