Quito, Pichincha.- 80 maestros, padres de familia y estudiantes en 11 provincias del país, continúan con la huelga de hambre y una serie de movilizaciones para exigir a la Corte Constitucional ratifique la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
Pese a las mesas de concertación iniciadas por la Asamblea Nacional para buscar una salida al conflicto de constitucionalidad a la Ley de Educación, la Unión Nacional de Educadores (UNE), Legisladores y Defensoría del Pueblo, firmaron un acuerdo que incluye la ampliación de maestros en huelga de hambre a otras provincias.
Isabel Vargas rechazó que el Gobierno Nacional no asista a éstas reuniones y así buscar una solución al financiamiento para la aplicabilidad de la Ley de Educación. “Nosotros nos comprometemos a no instalar huelgas de hambre en las demás provincias del país. Estamos en 11 provincias y nos mantenemos hasta conformar en esta semana la segunda mesa de concertación”…»reservándose su derecho de rever la medida de ser el caso”.
Seguimos defendiendo la#LOEI con marchas pacíficas
El gobierno responde con violencia frente al pedido de diálogo por parte de la @AsambleaEcuador de la @DEFENSORIAEC y del @UNENACIONAL pic.twitter.com/Vx3oztZDaC— UNE NACIONAL (@UNENACIONAL) August 2, 2021
La semana pasada se desarrolló la primera mesa de diálogo a la que no acudieron los delegados de la Presidencia de la República y representantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Para la legisladora Dina Farinango lamentó que tanto el Gobierno cómo el IESS, no hayan enviado a sus delegados a las mesas de concertación y así buscar los acuerdos en el marco de la Ley de Educación. Aseguró que «pese a que la ministra de Gobierno dijo estar predispuesta al diálogo. Todavía está a tiempo, que luego no tengamos que lamentar pérdidas valiosas de maestros”.
El Acuerdo establece: Ratificar que la Ley reformatoria de la LOEI garantiza y desarrolla de manera progresiva los derechos de la comunidad educativa, estableciendo espacios libres de acoso y de violencia de las unidades educativas; un nuevo bachillerato; garantiza una educación inclusiva, intercultural y etnoeducativa; propende a la entrega oportuna de recursos económicos necesarios para el sistema educativo; equipara remuneraciones salariales y garantiza la capacitación de los docentes.
En segundo término, convocar a los ministerios de Educación, de Finanzas; a los consejos de Participación Ciudadana y Control Social y de Igualdad Intergeneracional; la Defensoría del Pueblo y demás entidades públicas y privadas; otros actores sociales y organismos internacionales como Unicef y Unesco, con el objetivo de integrar un diálogo que permita la plena tutela de los derechos de la comunidad Educativa.
Llamar a la Corte Constitucional a resolver con la debida celeridad la constitucionalidad de la Ley de Educación, y así contribuya a la culminación de la huelga de hambre.
Compromiso de la UNE, a no incrementar nuevos huelguistas en ninguna de las provincias del país hasta el 6 de agosto de 2021.
La Asamblea Nacional cumplirá con sus atribuciones establecidas en los artículos 9, numeral 9 y 104 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sobre el control de la proforma anual y la programación cuatrianual, misma que se debe adecuar a la Constitución de la República, a la Ley y al Plan Nacional de Desarrollo.
Se reitera su invitación al diálogo, toda vez que aquello no atenta contra el principio de independencia de funciones y, de ninguna manera, interfiere en las competencias de la Corte Constitucional. (CG)
