La tarde de este miércoles, 22 de enero, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), se presentó ante la comisión de Fiscalización, donde calificó al proceso en su contra como «una mal copia de juicio político»; por lo que «vengo con documentos, con pruebas para defenderme», aseveró.
En este contexto, aseguró que este proceso de juicio político, son acusaciones sin fundamentos y que, con ello, se estaría intentado perjudicar la legitimidad de las autoridades electas, que ya se encuentran en funciones en todo el país.
La presidenta del CNE puntualizó que, para las elecciones de dignidades seccionales de 2019, se hizo cargo de esta función, con poco tiempo antes de la convocatoria.
Acotó que dentro del proceso electoral de 2019, no habría existido apagón informático y que las elecciones no contaban con un plan de auditorías; por ello, «no podía hacer cumplir ningún plan».
En cuanto al tema de consulta popular, planteado por el colectivo Yasunidos, señaló que el CNE no estaría facultado para restituir derechos, pues no es competente y que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), como juez electoral, habría sido quien negó el pedido del colectivo Yasunidos.
Sobre el caso Tarquino Loyo, señaló que la contratación se habría dado mientras el ex funcionario cumplía con los requisitos que le permitían trabajar en el sector público y que, una vez detectadas las irregularidades, presentó la denuncia ante la Fiscalía.
La comisión de Fiscalización tiene plazo hasta el 27 de enero 2020, para presentar su informe; aunque a criterio de la presidenta de la comisión de Fiscalización, Johanna Cedeño, no descartan ampliar el plazo antes de pasar el informe ante el pleno de la Asamblea Nacional, donde se definirá si es destituida Diana Atamait como titular del CNE, o se archiva el proceso. CG
