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Stephania Velasteguí Aldaz es la nueva directora provincial del Consejo de la Judicatura de Orellana

El Pleno del Consejo de la Judicatura designó a la Magíster Stephania Elizabeth Velasteguí Aldaz, como la nueva directora provincial, mediante  resolución 193-2021, suscrita el 23 de noviembre de 2021.

Velasteguí fue designada luego de un proceso exhaustivo de selección, el Pleno del Consejo de la Judicatura evaluó la formación académica y la experiencia de más de 14 años como profesional en el campo jurídico.

La nueva autoridad provincial expresó que su administración será de puertas abiertas, respetando la independencia judicial, articulando acciones con las diferentes instituciones del sector justicia, para mejorar el servicio a la ciudadanía y sobretodo enmarcada en los cuatro ejes de gestión institucionales.

La nueva directora provincial es abogada de los Tribunales de la República, título obtenido en la Universidad Técnica de Ambato. Posee dos postgrados. Uno en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador y el segundo en  Derecho Procesal  y Litigación Oral, otorgado por la Universidad Internacional SEK.

Además, realizó dos diplomados el primero en Ciencias Penales y Criminología en la Universidad Internacional del Ecuador y el segundo Curso Superior en Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Fundación General de la Universidad de Salamanca.

Su desempeño profesional lo realizó en entidades como el Consejo Nacional Electoral Delegación Orellana, Secretaría Nacional del Agua, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  (IESS), laboró en el Consejo de la Judicatura en la Dirección Nacional de Gestión Procesal, entre otras instituciones.

Así mismo, alrededor de ocho años, fue parte del Estudio Jurídico Velasteguí, con sede en la ciudad de Francisco de Orellana.

Entre las funciones que desempeñará la nueva directora provincial será dirigir  la gestión de la Dirección Provincial bajo su competencia sobre la base de las directrices institucionales; coordinar y supervisar la ejecución de las políticas, programas y servicios institucionales según las directrices emitidas a nivel nacional, diseñar planes de mejoramiento en base a su realidad territorial de los procesos, programas, proyectos y servicios institucionales implementados por el Consejo de la Judicatura a nivel central, entre otros.

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