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Reformas a la ley tributaria suma dos demandas de inconstitucionalidad

Organizaciones sociales y políticas presentan dos demandas de inconstitucionalidad a la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de la COVID-19, como medida cautelar y así buscar que Corte Constitucional suspenda su aplicación.

La mañana de este lunes 13 de diciembre, Mireya Pazmiño, Mario Ruíz, Rafael Lucero, Fernando Cabascango asambleístas por el Movimiento político Pachakutik, junto a Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), presentaron la primera demanda de inconstitucionalidad a las reformas de la ley tributaria, por considerarla «una ley lesiva para la mayoría de los ecuatorianos».

«No se pueden permitir que entre en vigencia una normativa que cobra más impuestos y beneficia a los que más tienen», enfatizó Mario Ruíz asambleísta por Pachakutik; quien pidió que mientras se resuelva la constitucionalidad de la normativa, se suspenda los efectos del decreto Ley; así también se suspenda el cobro de los impuestos a la clase media; se suspenda el no cobro del impuesto a las herencias; se suspenda la legalización de dineros en el extranjero y se suspenda el camino a la privatización de las empresas estatales.

Por su parte Leonidas Iza mencionó que han realizado observaciones al accionar de varios legisladores de Pachakutik, ya que dentro de las últimas votaciones lo habrían realizado a favor del Gobierno, y estaría encabezada por la presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori.

Además que las movilizaciones iniciarían en enero de 2022, en rechazo a las políticas neoliberales del actual gobierno.

La segunda demanda de inconstitucionalidad la presentaron Geovanny Atarihuana director nacional de Unidad Popular, junto al presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, quién rechazó que varios de los articulados de la Ley de Desarrollo Económico violarían la Constitución y afectaría directamente a los sectores más necesitados, atentando a la seguridad jurídica al permitir la legalización de capitales extranjeros, por lo que esperan que se suspenda la aplicación de dicha ley.

Además se sumarán a las acciones que prevén iniciar el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) el 19 de enero de 2022, en rechazo a las políticas del actual régimen, «que ha incrementado el precio de los combustibles, una posible alza de pasajes y falta de inversión en Salud y Educación», aseguró Geovanni Atarihuana. (CG)

 

 

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