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Consejo de la Judicatura destituye por manifiesta negligencia a agentes fiscales del caso niños de Naranjal

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), en sesión extraordinaria del 4 de enero de 2022, resolvió por mayoría de votos la destitución de E.V.V.R. y de K.R.A.Q. como agentes fiscales del cantón Naranjal, provincia de Guayas.

Los dos exservidores judiciales estuvieron a cargo de las primeras investigaciones de un caso de tortura contra dos hermanos de 6 y 8 años de edad, ocurrido en septiembre de 2021, en Naranjal. Los presuntos responsables de las agresiones fueron detenidos el 5 de septiembre de 2021 y, por orden judicial, luego de varias horas, quedaron en libertad.

Ante la conmoción social que generó este caso, en octubre de 2021, la Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, dictó la Medida Preventiva de Suspensión contra los ahora exservidores, mientras se desarrollaba el proceso disciplinario correspondiente.

Según los hechos señalados en el correspondiente sumario, los exagentes fiscales del cantón Naranjal, incurrieron en la infracción disciplinaria prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), artículo 109, numeral 7: “Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”.

La decisión del Pleno del CJ se sustenta en la declaración jurisdiccional previa de esta infracción gravísima, emitida por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, en Resolución de 7 de octubre de 2021.

Los exfiscales evidenciaron, en cada una de sus actuaciones, falta de sus deberes funcionales durante el expediente fiscal por un presunto delito de maltrato y abuso sexual.

El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. En el marco de su cuarto eje de gestión, Fortalecimiento de las investigaciones y sanciones a los delitos sexuales contra las niñas, niños y adolescentes, ejerce su facultad disciplinaria con el objetivo de garantizar la eficiencia, transparencia y ética en la provisión del servicio de justicia.

 

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